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Abogados Del Río Miera

El Juzgado de lo Mercantil de Santander empieza a anular las famosas “CLÁUSULAS SUELO” con base en los criterios de la UE José Antonio Mellado Ballastra


Publicado el martes, 2 de febrero de 2016 a las 9:35 AM por José Antonio Mellado Ballastra


Es de sobra conocida, sobre todo entre los diferentes operadores jurídicos, la distinta interpretación que nuestros Juzgados y Tribunales hacen sobre los efectos de la “nulidad” de las famosas cláusulas suelo, existiendo posiciones enfrentadas.

Un sector entiende que es de aplicación el criterio jurisprudencial sentado por el Tribunal Supremo, según el cual, en caso de nulidad de las cláusulas suelo por abusivas, la devolución a los prestatarios de las cantidades pagadas de más a la entidad, sólo debe serles concedidas desde el día 9 de mayo de 2013, mientras que otro se inclina por entender, que la nulidad de una condición general de la contratación como es la cláusula suelo, debe tener el efecto propio de la nulidad contractual, conforme a lo dispuesto en el  artículo 1303 del Código Civil, esto es, que se tenga por no puesta y en consecuencia, se devuelvan al cliente las cantidades indebidamente cobradas por la entidad desde el otorgamiento del préstamo. 

La adopción de una u otra tesis no resulta en modo alguno baladí, puesto que la diferencia económica para el prestatario en uno u otro caso, resulta ser muy significativa.

Así las cosas y por lo que al ámbito de nuestra CCAA interesa, el Juzgado de lo Mercantil, a través de su juez titular el Sr. Marigorta, venía manteniendo inicialmente la primera tesis, esto es, la devolución de las cantidades desde el otorgamiento del contrato de préstamo, si bien posteriormente y tras la sentencia del Tribunal Supremo de 24/03/15 varió su criterio, concediendo a partir de ese momento la devolución, única y exclusivamente desde el día 9 de mayo de 2013. 

Pues bien, la Juez de Adscripción Territorial al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en funciones de apoyo en el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Santander, ha dictado recientemente varias resoluciones judiciales, concretamente los días 22 de diciembre de 2015 y 22 de enero de 2016, en las que condena a las entidades bancarias demandadas a devolver a sus clientes todas las cantidades entregadas en aplicación de la cláusula suelo –por abusivas- desde el otorgamiento de los préstamos hipotecarios y no desde el día 9 de mayo de 2015, modificando así el criterio seguido por el Juez titular de lo Mercantil de Santander tras el dictado de la sentencia del Tribunal Supremo anteriormente referenciada.

En definitiva, la Juez de lo Mercantil no aplica el criterio fijado por el Tribunal Supremo.

Y es que la decisión judicial, se sustenta en la normativa comunitaria, entendiendo la juez de lo mercantil, que el derecho comunitario es derecho nacional y tiene prevalencia en su aplicación.

Según su criterio, no  le cabe al Juez nacional modular o integrar los efectos de la nulidad por abusivas de cláusulas suelo con consumidores, debiendo estarse en este caso al “principio de no vinculación” que para estos casos, establece claramente el artículo 6 de la Directiva Comunitaria 93/13/CEE del Consejo de fecha 5 de abril de 1993.

Este criterio, ha venido siendo ratificado por el informe de los Letrados de la Comisión Europea de 13 de julio de 2015 al afirmar que  “no es posible que los Tribunales nacionales puedan moderar la devolución de cantidades que ha pagado el consumidor”, si bien es cierto, que la decisión final de la cuestión, está a la espera del pronunciamiento definitivo por parte del Tribunal de Justicia  Europea.

Este mismo criterio judicial, se viene manteniendo recientemente por otros Juzgados Españoles como el de Oviedo o Sevilla.

Como conclusión de todo lo anterior, podemos decir que a día de hoy, no existe un criterio uniforme en los Juzgados y Tribunales de nuestro país respecto a la resolución de esta cuestión, pues dependiendo del órgano judicial que conozca del asunto, el resultado final podrá ser en uno u otro, lo cual no comulga ni se compadece bien con el principio de seguridad jurídica que informa o debe informar todo nuestro ordenamiento jurídico.


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